INE y el derecho a votar y ser botado

Paco Villarreal

No me agrada Félix Salgado Macedonio, pero a mí no tendría por qué agradarme sino a los guerrerenses. Tampoco soy un jurista ni mucho menos. Pero que un instituto tome la decisión de negarle la candidatura no me parece muy lógico ni democrático. Se trata de un derecho fundamental en una democracia y que necesariamente así está consagrado en la Constitución.

Bajo ese principio, cualquiera con sus deberes ciudadanos cumplidos y derechos activos, debería tener la posibilidad de proponerse a una candidatura para que sean los electores los que finalmente lo acepten o no a través del voto. Esto debería ser en lo general. En los institutos políticos habría requisitos y procesos reglamentarios impuestos por el propio instituto, para elegir quién de sus huestes sería el candidato. Es su bronca.

En el proceso de la asignación de recursos públicos, evidentemente habría que aplicar condiciones; lo mismo en garantizar campañas equitativas, y en impedir los excesos de la retórica y de las acciones agresivas (lo delictivo es otro asunto). El incumplimiento de esas condiciones, por supuesto, debería ser sancionado. Pero una sanción de este tipo no debe jamás impedir el ejercicio de los derechos políticos ni humanos fundamentales del infractor. En todo caso, la sanción debería aplicarse en los recursos y facilidades que se otorga al candidato infractor para desarrollar su campaña. Toda proporción guardada, se trata de una “falta reglamentaria” no de un delito. Por su propia naturaleza, sólo un delito inhibe el ejercicio pleno de los derechos políticos (y nunca de los derechos humanos). Este es un principio fundamental de la democracia.

La magistrada Janine Otálora dijo que el derecho a ser votado no es absoluto. Es verdad, no lo es, hay condiciones. Esas condiciones son básicamente, por principio constitucional, el cumplimiento de los deberes ciudadanos y el ejercicio de los derechos políticos. A saber, los únicos impedimentos son: haber suspendido temporalmente los derechos políticos para cumplir una condena de carácter penal (y variantes de este tema criminal); o no tener la tutela legal de sí mismo, ya sea por incapacidad mental o por edad.

Todos los demás argumentos, aunque se ostenten como leyes, son en realidad reglamentos operativos. Y un reglamento, aunque se apellide como “ley”, jamás estará por encima de una ley fundamental.
En el sendero que une la voluntad de los electores y sus derechos políticos, específicamente su derecho a proponerse para un puesto de elección popular, está como cancerbero esa entidad que llamamos Instituto Federal Electoral. Todo el corpus legal que lo sustenta emana de lo que la Constitución proclama como un derecho político de todos los ciudadanos mexicanos, es decir, “ser votado”. Con el tiempo, a lo sustancial de la fracción de ese Artículo 35 se le han ido añadiendo “piquitos y periquitos” que restringen o difieren ese derecho fundamental a otras leyes, reglamentos, institutos, tribunales… Seguramente a esto se refiere la magistrada Otálora cuando dice que no es un derecho absoluto.

Sí, pero si la propia Constitución señala un derecho, suena bastante contradictorio que la Carta Magna se “lave las manos” y remita a otras instancias legales o institucionales para que cuiden que ese derecho no sea violentado y que, luego de trasvases reglamentarios y (per)judiciales, esas instancias acaben defendiendo ese derecho de una manera bastante singular: negándolo.

En otras palabras, el enlace entre los ciudadanos y sus derechos políticos no actuó como un puente sino como un obstáculo. El INE, elevado a la categoría de magistratura superior, sustentado por leyes y reglamentos laterales, pasó de su deber básico de organizar procesos electorales claros y confiables, a imponerse como censor de un derecho constitucional, algo así como el cadenero de la puerta del antro electoral. Es por eso que no me parece su facultad de poner y quitar candidaturas. Esto prácticamente lo eleva a la categoría de un cuarto poder en el estado mexicano… Y esto suena bastante alarmante porque aquí sí se adoquinaría el camino a una dictadura.
Insisto: en verdad no me agrada Félix Salgado Macedonio. Muchos candidatos en campaña y con la bendición del INE, las CEEs, los tribunales electorales, y de sus mamás, tampoco me agradan. Me muerde el hígado ver a tanto sinvergüenza en campaña. Pero si les negaran el derecho a sus candidaturas con una retórica burocrática baladí, yo sería el segundo en reprobarlo (el primero sería, obviamente, el candidato en cuestión).

Por cierto, tampoco me agrada el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, sobre todo desde el affaire de los “chichimecas”. Digo, por si alguien tenía alguna duda.

Y como está de moda hacer gárgaras con el término “retropopulista” las más de las veces sin entender siquiera el populismo, antes de que me endilguen el novedoso adjetivo debo aclarar que, aunque mi jerigonza parezca favorecer a la 4T, la verdad es que todavía tengo muchas dudas sobre ella. Eso sí, sobre las intenciones de la oposición a la 4T no tengo ninguna duda.

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